Los problemas de la hegemonía en el Ecuador contemporáneo: 1978-2011.

Introducción

El propósito del presente ensayo es discutir sobre las diferentes razones histórico-estructurales que han dificultado a las clases dominantes ecuatorianas la puesta en marcha de un proyecto de Nación basado en una dirección de tipo hegemónico más o menos estable a partir del llamado “retorno a la democracia” de 1979. Esas mismas razones son las que explican, al menos en parte, la recurrentes crisis de gobernabilidad durante el mismo periodo considerado. El texto también pretende avanzar en la comprensión de las posibilidades y los límites que tiene el Ecuador para consolidar un bloque histórico con capacidades de conducción hegemónica bajo la coyuntura abierta por la denominada “Revolución Ciudadana”. La exposición de las ideas se organiza en cuatro apartados: 1) Aproximaciones teóricas; 2) (im)posibilidades de la hegemonía entre 1979 y 2006; 3) lucha por un nuevo orden estatal bajo la presidencia de Correa; y 4) problemas de la hegemonía de cara al futuro.

  1. Aproximaciones teóricas

Durante la era moderna –la de la expansión del modo de producción capitalista por todos los confines del mundo- uno de los que mejor captó las diferentes formas en que se articula la dominación de clase con el ejercicio del gobierno propio del Estado capitalista fue el pensador y revolucionario italiano Antonio Gramsci, del cual tomaremos algunas ideas fundamentales.

La emergencia de la forma Estado es consustancial a cualquier sociedad de clases, pero bajo el capitalismo contemporáneo adquiere características particulares. La principal de ellas es presentarse a sí mismo como el espacio de expresión de un supuesto interés general (comunidad política), producto de la delegación voluntaria de poder por parte de individuos que son formalmente libres e iguales ante la ley. Es decir, en los llamados estados democráticos capitalistas (aquellos en donde las elecciones se dan con regularidad y con ciertos grados de transparencia), la conformación del pacto estatal aparece como resultado de libre elección por parte de los ciudadanos de sus representantes. Pero, bajo dicha envoltura de libertad e igualdad, subyacen relaciones de dominación de clase, que se producen y reproducen gracias a la desigual apropiación de los medios de vida por diferentes capas de la sociedad. En pocas palabras, la coexistencia de dominación de clase y democracia formal son lógica e históricamente posibles bajo el capitalismo, lo cual hace posible que las esferas de la economía y la política se presenten como ámbitos diferenciados. Es decir, bajo el capitalismo, la naturaleza del Estado es la de ser  una comunidad ilusoria;[3] pero, a diferencia de otros modos de producción, con la participación política más o menos activa de las clases subalternas en procesos eleccionarios donde se escogen representantes:

El proceso Estado no es inmediatamente relación de dominación, sino precisamente proceso de superación aparente de la dominación. Por medio del proceso Estado las relaciones de dominación se transmutan en relaciones de aparente reciprocidad, constructoras de espacios de armonía incluyente y de homogeneidad equitativa. Y esto hace que el Estado sea el que cierre el círculo de la dominación […] Podemos decir, entonces, que el proceso estatal es la reconstitución cotidiana y permanente, subjetiva y objetiva, de la unidad comunitaria de los seres humanos que está realmente desgarrada por relaciones de dominación (Ávalos, 2001: 267).

Al ser los subalternos partícipes (en mayor o menor medida, pero partícipes al fin) del proceso cotidiano de reconstitución de ese orden, surge necesariamente la pregunta de cómo es posible que esto suceda. O, en otras palabras, cuál es la clave de su participación en el proceso estatal. En este sentido, desde el marxismo crítico se han desarrollado dos grandes hipótesis de acuerdo al desarrollo histórico de los propios estados capitalistas. La primera, formulada por el propio Marx, es que la función de ese orden estatal era básica y fundamentalmente represiva, lo cual era bastante cierto en su tiempo;[4] es la concepción del Estado gendarme o Estado vigilante nocturno, como diría mucho más tarde Gramsci.

Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, las clases subalternas fueron conquistando con sus luchas (y con no pocas penas y sangre) mayores espacios en la vida estatal (reconocimiento de derechos, configuraciones políticas más incluyentes, etc.). Con ello, muy lentamente las funciones estatales ya no podían limitarse a las de policía: la fuerza debía, sin desaparecer del todo, dar mayores espacios para la inclusión de ciertas demandas de los subalternos. Esa mutación de los estados no fue menor, significó profundos cambios tanto en la forma de hacer política como en la correlación de fuerzas entre las clases. Poco a poco las funciones de los estados (sobre todo en los países centrales, pero también en cierta medida en los de la periferia) se fueron ampliando hacia otras esferas que trascendían la pura fuerza, como la construcción de un conjunto de instituciones abocadas a la salud, la educación, la infraestructura, etc. Esta nueva realidad dio paso a la segunda hipótesis histórica sobre el papel del estado capitalista. Si bien es cierto que Engels hacia el final de su vida ya había captado esas transformaciones moleculares del Estado, no fue sino a Gramsci a quien le tocó formular con más precisión teórica ese proceso.

A partir de la atenta observación de la sociedad de su época, el revolucionario italiano logró captar algo que era cada vez más evidente: los estados desarrollaban otro tipo de fuerza además de la sancionada en el derecho y ejercida por las bayonetas; una fuerza de una cualidad distinta a la simplemente coercitiva: el consenso. Ese nuevo elemento tenía la función básica de hacer partícipes “voluntariamente” a los subalternos en el continuo proceso de dominación llamado Estado. Otro de los grandes aportes de Gramsci a la teoría marxista de la política fue haber aclarado que esa función de consenso no se ejercía sólo desde los diferentes espacios del aparato estatal (“sociedad política” en palabras del propio Gramsci), sino que era operada cada vez más por un conjunto de instituciones “vulgarmente llamadas privadas” o sociedad civil (iglesias, escuelas, medios de comunicación, etc.). Es por eso que los intérpretes de Gramsci suelen hablar de una concepción ampliada de Estado. Gramsci creía que no se podía comprender la dinámica estatal atendiendo a uno sólo de los polos. Por el contrario, sólo la articulación de ambos (fuerza y consenso) podía dar cierta estabilidad al orden estatal pues, como había mostrado la historia reciente, los estados apoyados exclusivamente (o casi) en la fuerza, tendían a ser muy inestables por las constantes rebeliones de los subalternos, quienes no se sentían partícipes de esa “comunidad” estatal.

Sólo en la medida en que los procesos de acumulación y las luchas de los trabajadores por mejores condiciones de vida y mayor participación en la esfera política se desarrollaron, los diferentes ordenamientos estatales se fueron estabilizando, siempre relativamente, en permanente tensión. Entonces, la tarea para que las clases dominantes continuaran manteniendo el status quo se volvió más compleja, pues no nada más debían ceder algunos espacios políticos anteriormente vedados a los grupos subalternos (producto de la ampliación del sufragio y los cargos de elección popular) sino también ceder, hasta cierto punto, en el terreno de la acumulación y concentración de la riqueza; tuvieron que moderar (siempre contra su voluntad) su voraz instinto de acumulación pues, de no hacerlo, la capacidad de insubordinación de los trabajadores crecería, tanto en los espacios políticos conquistados como en los centros de producción, en las calles, etcétera.

Por supuesto que la posibilidad de gestión estatal de la conflictividad social ha sido históricamente muy diferente en los países del centro y en los de la periferia. Los primeros, al detentar un conjunto de monopolios de poder (científicos, tecnológicos, militares, etc.) tuvieron –siguen teniendo- la capacidad de “exportar” a la periferia las contradicciones de clase desarrolladas en su seno, con lo cual crearon periódicamente ciertas condiciones para la realización de la hegemonía, mediante la incorporación de algunas demandas de las clases subalternas: regulación de la jornada de trabajo; aumento de sueldos y reconocimiento de derechos laborales; ampliación del derecho al voto a capas cada vez más amplias de la población, etc. Es decir, en ciertos momentos históricos y en algunos lugares, las clases dominantes pasaron a ser también clases dirigentes. Es decir, hegemónicas en el sentido que le dio Gramsci a la palabra: una clase que hace pasar sus intereses particulares como intereses generales; pero no mediante un simple juego de engaño o ilusión, sino demostrando en el terreno de la reproducción que sus intereses, pueden ser compatibles con algunos intereses del resto de las clases. Gramsci era perfectamente consciente que la hegemonía de las clases dominantes, para que fuera verdaderamente tal y se pudiera mantener por un tiempo más o menos prolongado debía abarcar todos los aspectos de la vida social; debía ser al mismo tiempo, económica, política, cultural…

El hecho de la hegemonía presupone indudablemente que se tomen en cuenta los intereses y las tendencias de los grupos sobre los cuales la hegemonía será ejercida, que se forme un cierto equilibrio de compromiso, esto es, que el grupo dirigente haga sacrificios de orden económico-corporativo, pero también es indudable que tales sacrificios y tal compromiso no pueden afectar a lo esencial, porque si la hegemonía es ético-política, no puede dejar de ser también económica, no puede dejar de tener sus fundamento en la función decisiva que el grupo dirigente ejerce en el núcleo decisivo de la actividad económica (Gramsci, 1999, vol. 5: 42).

Es decir, por más concesiones que se pueda hacer a los subalternos, éstos nunca dejarán de servir con su trabajo al proceso de acumulación de capital. Decía Gramsci que esa hegemonía presupone que se tomen en cuenta los intereses de los grupos subalternos, los cuales son de muy variado orden. Es por ello que la hegemonía no puede ser producto sino de la compleja articulación entre lo “estructural” y lo “superestructural”; es decir, entre una forma particular de organizar la acumulación en el terreno de las relaciones de producción y las fuerzas productivas y su organización jurídico-político-cultural. En ese sentido es necesario resaltar que hegemonía no es igual a dominación, para que un proyecto sea hegemónico es necesario que se consolide en el tiempo y que logre presentar sus intereses específicos como intereses de la sociedad en su conjunto.

Pero, en el caso de las naciones periféricas (las antiguas colonias, actualmente en situación de dependencia), las posibilidades de una dominación de tipo hegemónico han sido históricamente muy limitadas, ya que su situación estructural de dependencia las orilla constantemente a depender de patrones de reproducción de capital basados en la superexplotación del trabajo y de la naturaleza, lo cual mina constantemente dos de los principales pilares de un proceso de acumulación mínimamente inclusivo en términos materiales y simbólicos.

Es decir, en la periferia del Mercado Mundial, un amplio espectro de las clases trabajadoras se ven frecuentemente orilladas a vivir bajo condiciones deplorables, a partir de las cuales difícilmente se puede edificar una dominación de tipo hegemónico. En América Latina se han dado algunas coyunturas excepcionales –como la actual- durante las cuales, países con capacidad para captar rentas monopólicas (como las del petróleo), han logrado socializar hasta cierto punto dichas rentas no sólo entre las burguesías, sino entre las clases subalternas.[5] Sin embargo, por regla general, en los países dependientes, los momentos de hegemonía de las clases dominantes han sido muy breves y frágiles, mientras que la inestabilidad política y la crisis social permanente han sido la norma. A este respecto vale recordar lo que decía Ernest Mandel a finales de la década de los setenta:

Hay a la vez  en los países semicoloniales, y por lo tanto en América Latina, “crisis política permanente”, como consecuencia de la incapacidad de la burguesía y de la “oligarquía” para crear las condiciones de un ejercicio del poder político burgués “clásico”, en la medida misma en que dichos países no son “totalmente” capitalistas (es decir en la medida en que son semicoloniales, dependientes, y por lo tanto subdesarrollados). Y  hay a la vez una “crisis política” en función de los cambios particulares en el seno de la estructura semicolonial, en la medida en que las formas de dominación tradicionales de la oligarquía no corresponden ya a las transformaciones que se han operado dentro del marco de la dependencia semicolonial (Mandel, 1977: 354-355)

Mandel apuntaba así una doble dimensión de la crisis política: una de carácter estructural que responde a la situación de dependencia de nuestras economías; y otra de carácter coyuntural que da cuenta de los procesos de transformación de la propia situación de la dependencia. La primera dimensión, sobre todo, es la que sirve de telón de fondo para las diferentes formas de dominación política que se despliegan en nuestros países. Como se comprenderá, también constituye un fuerte obstáculo histórico-estructural para la construcción de proyectos hegemónicos por parte de las clases dominantes latinoamericanas.

En el caso particular del Ecuador, al ser un país en donde la mayor parte de la reproducción del capital ha dependido fuertemente del mercado mundial, mas que del mercado nacional (modelo primario-exportador), sus clases dominantes no han necesitado mas que la incorporación de un reducido sector de la sociedad a la esfera del consumo para poder realizar sus ganancias. En este tipo de situaciones,

el consumo individual del trabajador no interfiere en la realización del producto […] En consecuencia, la tendencia natural del sistema será la de explotar al máximo la fuerza de trabajo del obrero, sin preocuparse de crear las condiciones para que éste la reponga, siempre y cuando se le pueda reemplazar mediante la incorporación de nuevos brazos al proceso productivo (Marini, 1973)

Lo señalado por Marini (la compulsión a la superexplotación del trabajo y a mantener elevado el número del ejército industrial de reserva) también ha sido parte de la historia del capitalismo ecuatoriano; lo que se agudizó precisamente a partir de la puesta en marcha del modelo neoliberal durante los años ochenta. Es esta situación de dependencia la que ha constituido hasta la actualidad un fuerte obstáculo para la conformación de un proceso hegemónico dirigido por las clases dominantes que, para colmo, presentan una temprana configuración de tipo oligárquico, y cada vez más dependientes del capital extranjero. Difícilmente, unas clases dominantes con estas características (y beneficiarias de la inserción dependiente al mercado mundial) pueden ser los sujetos que encabecen un bloque histórico con capacidad hegemónica, en el sentido gramsciano. Por el contrario, cuando ni el modelo de acumulación ni las superestructuras juridico-políticas que les son propias logran garantizar niveles mínimos de inclusión de los grupos subalternos, nos encontramos frente a una crisis orgánica o crisis de hegemonía; crisis que, como ya señalaba perspicazmente Gramsci, suelen prolongarse por décadas.[6] Justamente, lo que intentaremos discutir a continuación, es sobre los diferentes tipos de dificultades de las clases dominantes ecuatorianas para lograr la constitución de un bloque histórico con capacidad hegemónica a partir del llamado “regreso a la democracia” de los años ochenta.

  1. Las (im)posibilidades de la hegemonía entre 1979 y 2006

En su clásico estudio sobre la dominación política en el Ecuador, Cueva hablaba de las condiciones del problemático retorno al orden constitucional hacia finales de los setenta, después de una década de gobiernos militares. Para Cueva la transición se caracterizó por tres rasgos fundamentales: 1) el abandono del proyecto de Nación expresado en la Filosofía y plan de acción de gobierno revolucionario y nacionalista del Ecuador; 2) la preparación del retorno al orden constitucional y 3) una escalada represiva en contra del movimiento obrero y de otros movimientos populares como el de maestros y estudiantes (Cueva, 1988: 95).

Este momento coincide con el cambio de naturaleza de las clases dominantes ecuatorianas que, hacia mediados de los setenta, comienza a tejar fuertes alianzas con el capital extranjero. Esa burguesía que había nacido a partir de la modernización de algunas ramas de la agroexportación, y del desarrollo del comercio exterior, “se fortaleció y entrecruzó entre sí y con la burguesía extranjera, cuyo ingreso al país empezó a producirse de una manera significativa a partir fundamentalmente de la segunda mitad de la década de los setentas” (Moncada, 1983: 61).

En este marco de crisis del proyecto del sector más nacionalista de las Fuerzas Armadas y de mutación de las clases dominantes, otro de los sectores del Ejército toma la iniciativa para impulsar un programa que apunte hacia el reestablecimiento del orden constitucional, para sentar las bases para el establecimiento de una democracia burguesa. Este proyecto encarnó en la creación de las Comisiones Jurídicas como mecanismo principal del Plan de Reestructuración de la Junta Militar, el 17 de diciembre de 1976 (Argones, 1985: 94). Las dos alternativas que se abrían con este proceso eran una serie de reformas a la Constitución de 1945 (tesis apoyada por el grueso de las clases dominantes y sus partidos); o la redacción de una nueva Carta Política (apuesta de los partidos reformistas). Triunfó esta última alternativa. La propuesta de texto constitucional fue redactada por una junta de “notables” y refrendada por la ciudadanía en plebiscito.

A las clases dominantes no les quedó otra opción más que plegarse a las nuevas reglas del juego político, y se vieron forzadas a entrar a la contienda electoral de 1978-1979. En ella se midieron dos frentes sociales: las fuerzas agrupadas en torno a la vieja oligarquía y “el conglomerado de fuerzas reformistas denominadas impropiamente de centro-izquierda” (Argones, 1984: 87). El Frente Constitucionalista[7] aglutinó a los partidos tradicionales de las clases dominantes, lanzando la candidatura de Durán Ballén; y el segundo frente, el de los “reformistas”, agrupó a la Concentración de Fuerzas Populares (CFP) y la Democracia Popular (DP) quienes postularon al binomio Roldós-Hurtado. La ciudadanía optó por éste último. De esta manera, el abogado Jaime Roldós se convertía en el primer presidente democráticamente electo en más de una década.

Ni bien asumía la presidencia Jaime Roldós, las características del modelo de acumulación en vigencia (pero ya en crisis) forzaron al presidente a tomar algunas medidas de carácter anti-popular, frente a las cuales la población no permaneció impávida. A esto se sumó la fragilidad de la alianza de Roldós con una de las fracciones burguesas de la Costa que le brindó su apoyo político.[8] Tal fragilidad estalló bajo la forma de una crisis parlamentaria. Por si fuera poco, la correlación de fuerzas a escala planetaria también se modificó sustantivamente al mismo tiempo que el país inauguraba un nuevo periodo “constitucional”: en esos mismos años la administración de la Casa Blanca dio un giro a la derecha bajo el mandato de Reagan.  Así, el proyecto de una hegemonía burguesa de carácter moderno comenzaba con múltiples tropiezos.

La imposibilidad de dar una continuidad “normal” al mecanismo burgués de ascenso de los gobiernos por vía de las elecciones y duración del mismo por el periodo establecido se vio truncado por la muerte de Roldós, de la que el gobierno de los Estados Unidos muy probablemente no haya sido ajeno. Así, el imperialismo se convirtió desde un comienzo en un factor de obstáculo para el buen desarrollo de un incierto proceso de construcción de hegemonía.

De esta forma, Oswaldo Hurtado hereda no sólo el mando presidencial, sino también un país que aún sufría las secuelas de la guerra de Paquisha, así como el fin de la prosperidad petrolera y una deuda pública y privada de cuantiosas proporciones, a lo que se vendrían sumar  durante 1982 y 1983 una fuerte sequía seguida por las inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño, que devastaron buena parte de la costa. Frente a la crisis económica el gobierno optó por implementar una política inspirada en las recomendaciones del FMI, devaluando la moneda e implementando un programa de austeridad que golpeó a los sectores populares.[9] Pero tal vez la medida más impopular de Hurtado haya sido la llamada “sucretización” de las deudas privadas, para aliviar el endeudamiento de algunos miembros de la iniciativa privada.

Las clases populares reaccionaron un una serie de movilizaciones como las cuatro huelgas nacionales pues, como recuerda Cueva, los costos de la crisis no fue repartido por igual, pues la redistribución regresiva resultante de los programas de ajuste, la sucretización y la devaluación “colocaba el peso de esas crisis sobre los hombros de los sectores laboriosos de la población” (Cueva, 1988: 107).

A pesar de que la administración de Hurtado había tomado decisiones sumamente favorables para los intereses económicos inmediatos de la clase dominantes, la fracción oligárquica de la misma se le enfrentó políticamente por considerar que su programa de largo plazo implicaría ceder demasiado a los grupos subalternos.[10] Por ello, dicha fracción decidió dar su apoyo a la candidatura presidencial de uno de los representantes directos de sus intereses: León Febres Cordero. Esta candidatura estuvo apoyada prácticamente por todo el espectro político representante de los sectores dominantes, aglutinándose en torno al “Frente de Reconstrucción Nacional”, integrado por el Partido Social Cristiano (PSC), el Conservador, el Liberal, el Nacionalista Revolucionario, el Frente Velasquista, la Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana y la Coalición Institucionalista Demócrata.

Siguiendo a Cueva, con el triunfo de Febres Cordero en las elecciones de 1984 se inició la primera experiencia neoliberal sudamericana en condiciones “constitucionales”. A los pocos días de asumir el poder su gobierno dispuso un conjunto de medidas económicas de corte neoliberal que repercutieron de manera inmediata en las condiciones de vida de los sectores populares para beneficio de la fracción oligárquica y sus socios extranjeros.[11] Después vendría una ola de privatizaciones y/o eliminación de algunas dependencias estatales, así como la implementación de los decretos económicos de urgencia.[12] Los sectores populares nuevamente respondieron con protestas, mediante la realización de otras tres huelgas nacionales.

Para colmo,  en 1986 se desplomaron los precios del petróleo, con lo cual fue imposible recurrir al expediente del gasto social de emergencia para contener las protestas sociales. Por el contrario,  nuevamente se apeló al endeudamiento externo para tapar los huecos dejados por la caída de los ingresos petroleros. Como recuerda Cueva, el incremento de la deuda fue vertiginoso: “entre 1984 y 1985 creció en un 6.3%, en 1986 aumentó un 10.8% y en 1987 un 11.0%” (1988: 121).

Pero no sólo la esfera de la acumulación fue tocada, también el incipiente orden constitucional sufrió importantes abolladuras, en tanto que Febres Cordero

decidió implantar un sistema de gobierno basado en el autoritarismo rayando en lo dictatorial, pasando de una situación de equilibrio relativo de ‘poderes’ a la búsqueda frenética de un poder sin equilibrios […] El Congreso seguía funcionando, es verdad, pero el gobierno desacataba sistemáticamente sus resoluciones, lo agredía o trataba de minarlo por medio de la corrupción. Y la Corte Suprema de Justicia corría igual suerte […] (Cueva, 1988: 121)

El desprecio de Febres Cordero por las instituciones democráticas, aunado a la sistemática violación a los derechos humanos y al abuso de los mecanismos represivos contra los disidentes (líderes políticos y sociales, periodistas) muestra como en ningún momento existió una auténtica voluntad de construir una hegemonía por parte de las clases dominantes a las que representaba el ahora difunto ex presidente. Tanto es así que bajo su mandato se registró el nacimiento de un movimiento guerrillero con un alcance propagandístico considerable, e incluso un levantamiento militar y el secuestro del presidente a manos de un grupo de militares inconformes con el régimen en enero de 1987. Para Cueva, los acontecimientos señalados, muestran la paradoja de “un presidente constitucional que no dejaba de violar tozudamente la Constitución, y unos militares que no carecen de tradición golpista, pero que esta vez desempeñaban el papel de sustento último del régimen de derecho” (1988: 127). El contexto de crisis económica profunda, en combinación con la crisis política alimentada por el estilo personal de gobernar de Febres Cordero se tradujo en la imposibilidad para la alianza de derechas de continuar en el poder en el periodo inmediato. Ahora tocaría su turno a la “socialdemocracia” criolla representada por la Izquierda Democrática (ID) y encabezada por Rodrigo Borja Cevallos

Como recuerdan Freidenberg y Alcántara, Borja aprovechó la creciente inconformidad de la mayoría de la población contra la gestión de Febres Cordero para presentarse a sí mismo como una alternativa, “centrando su discurso en la defensa de los fundamentos del sistema político; la critica al manejo económico de libre mercado; a la postura anti partido; a la política de ajuste y el regionalismo febrescorderista.” (2001: 144).

Alberto Acosta, por su parte, subraya que el gobierno de Borja (1988-1992) generó grandes expectativas entre capas importantes de la población, quienes creyeron que su administración emprendería un proyecto de carácter reformista: “Sin embargo, esta expectativa se desvaneció pronto. Salvo contadas excepciones, el régimen apenas puso direccionales a la izquierda para girar constantemente a la derecha” (Acosta, 2001: 177).

Este mismo autor señala que desde el comienzo de su mandato, Borja se rodeó de un equipo financiero y monetario conformado por personajes muy cercanos al gran capital, muy afectos a las políticas de neoliberales de ajuste, y no necesariamente militantes de la ID. Su estrategia se centró en la superación de los desequilibrios macroeconómicos, seguidos por la apertura y la liberalización comercial, así como por una nueva estrategia de “integración” andina en clave neoliberal. Si bien es cierto que se lograron controlar algunas de la variables macroeconómicas heredades del gobierno anterior, con Borja: “Los niveles de miseria, indigencia, desnutrición y desocupación alcanzaron un mayor deterioro” (2001: 179). Contrariamente a lo prometido por el discurso de esta socialdemocracia sui generis,[13] se incrementaron los niveles de explotación de los trabajadores mediante políticas de flexibilización laboral y el deterioro inmediato su poder adquisitivo, por la duplicación de los precios de la gasolina, la elevación de las tarifas de energía eléctrica, y el aumento del aceite, leche, pan, y bebidas. Estas medidas del ajuste llevaron a que “a finales de 1988 la oposición laboral empezó a crecer, produciéndose un aumento en el número de huelgas y paros” (Thoumi y Grindle, 1992: 72).

A principios de 1989 el gobierno de Borja también sufrió ataques del empresariado de Guayaquil, el cual solicitó menores impuestos, eliminación de barreras comerciales, y más incentivos a la producción. A mediados de año enfrentó una huelga de transportistas que paralizó el país, y frente a la cual reaccionó con una ley de seguridad nacional. Todos estos elementos de tensión coadyuvaron a la disolución de la coalición que apoyaba a Borja en el Congreso y en su gabinete, cuando la Democracia Popular se retiró de éste último: “a mediados de 1989 el gobierno el gobierno enfrentaba una creciente oposición política a sus políticas económicas, y encontraba cada vez más difícil mantenerlas (Thoumi y Grindle, 1992: 75). Como recuerdan estos mismos autores, en junio de 1990, el gobierno perdió las elecciones al Congreso y, con ello, toda la capacidad de formar una coalición. Finalmente, es importe señalar que durante la segunda parte de su mandato, comenzaron a cobrar fuerza las protestas de un creciente movimiento indígena en torno a las demandas por tierra, como se expresó en el levantamiento del Inti Raymi de 1990.

La incapacidad del gobierno de Borja para gestionar la crisis abrió el paso para que una de las escisiones del derechista Partido Social Cristiano, el Partido Unión Republicana, ganara las elecciones presidenciales de 1992, encumbrando al ex militante socialcristiano Sixto Durán Ballén en la presidencia de la República.[14] En esta ocasión la derecha fue incapaz de lanzar una candidatura de unidad; pero sí logró colocar a dos de sus representantes en los primeros puestos: el mencionado Durán Ballén, y el socialcristiano Jaime Nebot, quien obtuvo el segundo puesto.

Como señala Andrés Rosero, bajo el gobierno de Sixto Durán-Ballén (1992-1996), la burguesía monopólica logró imponer los profundos cambios legales e institucionales que el capital transnacional demandaba para el saqueo del patrimonio nacional, pero también se generó “el primer episodio de remezón orgánica al agudizarse la disputa al interior de la clase dominante por las privatizaciones” (Rosero, 2008: 1). La principal manzana de la discordia fue la riqueza petrolera del país, en vías de privatización. En presidente reformó la Ley de Hidrocarburos en 1993 con la finalidad de atraer la inversión extranjera para áreas de riesgo, abrir el sector al capital privado y desmonopolizar el papel del Estado en el manejo de la industria petrolera. La reforma a la legislación fue acompañada por la mutación de la naturaleza de los contratos petroleros existentes a favor de las compañías extranjeras, así como por la adjudicación de nuevos campos para la exploración y la explotación de hidrocarburos en la región amazónica (Llanes, 2004).

El proyecto “modernizador” de Durán Ballén era la punta de lanza de esa burguesía monopólica asociada al capital extranjero de la que hablábamos al comienzo del ensayo. Su apuesta era desmantelar lo poco de los sectores estratégicos que quedaban en manos del Estado, así como lograr mayores niveles de explotación y sometimiento de la clase trabajadora por medio de las reformas al mercado de trabajo y a la legislación laboral. Sin embargo, no le fue tan fácil lograr su cometido. En parte, por las falta de acuerdos entre los de arriba; pero, fundamentalmente, por la resistencia de las clases subalternas.

En especial, el sindicalismo del sector energético (petroleros y eléctricos) dio batalla frontal contra el proyecto privatizador, logrando arrastrar en sus protestas a otros sectores importantes de la población. Sobre todo hacia finales de su mandato, el gobierno de Durán Ballén tuvo que retroceder  en algunas de sus posturas más radicalmente antipopulares debido a la creación de un frente de resistencia a dichas propuestas, tal como quedó evidenciado en la consulta popular de octubre de 1995. Tan poca capacidad hegemónica tuvo el proyecto representado por el arquitecto ex socialcristiano que, en la elecciones de 1996 triunfó un personaje muy alejado de ese grupo político.

Sin embargo, pese a pertenecer a un partido con un discurso cercano a las demandas populares, el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE),[15] el nuevo presidente, Abdalá Bucaram, se pronunció de inmediato por la apertura comercial y al liberalización a ultranza; es decir, por la profundización del modelo neoliberal. Como recuerda Alberto Acosta, además de la convertibilidad, otro de los propósitos de Bucaram era la flexibilización laboral y las privatizaciones en beneficio de un núcleo muy reducido de sus allegados. Al igual que algunos de los gobiernos anteriores, Bucaram aplicó un paquete de ajuste económico: incrementó las tarifas de los servicios públicos, la gasolina y el diesel; eliminó el subsidio al gas doméstico, e implementó el cobro en los hospitales. Eso sin mencionar el manejo discrecional que hizo del aparato de Estado para el enriquecimiento ilícito de su grupo económico y sus aliados.

Frente a la creciente ola de protestas de las clases subalternas, Bucaram respondió más con represión que con negociación, cancelando así la posibilidad de dirección hegemónica. Esto, aunado a las dimensiones de la corrupción alcanzadas por su gobierno fue creando las condiciones para la agudización de la ya muy prolongada crisis de dirección hegemónica ecuatoriana. Bajo su mandato se fue consolidando un nuevo bloque de organizaciones de los subalternos que se planteó la destitución del presidente. Eso fue posible gracias a la alianza que tendieron con representantes de las fracciones de la clase dominante opuestas a Bucaram, que se habían vistas desplazadas en sus aspiraciones. Así, las movilizaciones del 5 de febrero, en las que agruparon a importantes fuerzas (movimientos sociales, sindicales, indígenas, políticos y religiosos) y que lograron la destitución de Bucaram marcaron un hito importante de la crisis de hegemonía prolongada. A partir de estas movilizaciones se iniciará un periodo que al parecer terminaría con el gobierno de Rafaél Correa de destitución de presidentes, de manera tal que en aproximadamente 10 años ningún presidente ha podido completar el periodo para el cual fue electo.

Las movilizaciones de 1997, además del derrocamiento de Bucaram, también expresaron una demanda: la necesidad de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Política. Sin embargo, la Constitución de 1998 no habría de durar mucho tiempo; tan sólo 10 años. Las clases dominantes tampoco lograron construir un proyecto hegemónico durante la última década. Si bien es cierto que la Carta de 1998 amplió los derechos ciudadanos de diversa índole, también sirvió como soporte constitucional para la profundización del modelo neoliberal del que el presidente Jamil Mahuad fue un fiel defensor.

La crisis económica de 1999-2000 significó el punto más alto de la crisis social que atravesó Ecuador durante la última década del Siglo XX. El gobierno de la Democracia Popular-(DP) encabezado por Mahuad respondió a la crisis con un feriado bancario y el congelamiento de los depósitos, lo que representó la entrega de 3,000 millones de dólares a la banca. Las aristas de la crisis fueron múltiples: se disparó la inflación, se devaluó la moneda y se desató un proceso de especulación bancaria y comercial. La respuesta de los sectores más afectados no se hizo esperar. A lo largo de todo 1999 se realizó una serie de movilizaciones protagonizadas por diversos grupos subalternos (indígenas, taxistas, etc.). La dimensión de la crisis era tal que en agosto de ese año el gobierno de Mahuad se decidió por la moratoria de la deuda externa, “luego de haber reajustado repetidamente la economía para intentar sostener sus servicio [de la deuda], dejando incluso impagos, durante varios meses, a maestros, médicos, enfermeras y miembros de las fuerzas del orden” (Acosta, 2001: 191).

Tal estado de cosas derivó en la consolidación de un bloque popular que puso en cuestión no sólo las decisiones de la clase política dirigente en turno, sino que se comenzó a plantar el problema del poder en términos más amplios. La alianza que se tejió durante los últimos meses de 1999 y 2000 entre indígenas, movimientos sociales y un sector de los militares inconformes se plantó la necesidad no sólo de derrocar al presidente, sino de sentar las bases para la construcción de un poder popular alternativo. En esos momentos, la gravedad de la crisis de hegemonía bordeó una auténtica crisis de dominación; es decir, cuando un grupo importante de los subalternos se comienza a plantar asumir espacios de poder por sí mismos. Sin embargo, ese proyecto que encarnó en un primer momento en el Parlamento de los Pueblos, sólo logró avanzar en su demanda más inmediata: la destitución de Mahuad; pero no pudo consolidarse como alternativa de poder. Por un conjunto de debilidades y contradicciones de dicho bloque, así como por la fragilidad de su alianza con los militares, las clases dominantes lograron darle una salida  momentánea “desde arriba” a la crisis en curso.

Como se recordará, los militares que originalmente habían apoyado la estrategia del Frente de Salvación y del Parlamento de los Pueblos dieron un viraje, entregando el mando al vicepresidente de la República y también militante de DP, Gustavo Noboa. Este último,  no vaciló en continuar con el proyecto neoliberal, temporalmente puesto en cuestión por la insurgencia de los subalternos. Noboa propició un conjunto de cambios legales para apuntalar dicho proyecto, como la “Ley para la Transformación Económica del Ecuador” (Trole 1), que introdujo en Ecuador el sistema del “trabajo por horas” y disminuyó una serie de derechos laborales consagrados.[16] Noboa también promovió la “Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana”, (Trole II) que apuntaba en el mismo sentido, a más de ampliar las posibilidades para que el capital continuara con el despojo de los bienes nacionales. La represión y la profundización de la crisis desatada por la consagración de la dolarización efectuada por Noboa, desencadenaron nuevas protestas a comienzos del 2001. Nuevamente, en su afán de agilizar su proceso de acumulación, las clases dominantes prefirieron la represión a la negociación. Si bien el gobierno de Noboa logró contener las movilizaciones, no logró heredar la presidencia a un representante directo de las clases dominantes. Así, se abría la puerta para el regreso de un militar a la presidencia de la República.

Tal vez la mejor muestra de la fragmentación política hayan sido los resultados de la primera vuelta electoral para la elección de presidente durante 2002, en donde sólo Lucio Gutiérrez logró superar apenas el 20% de los votos; los demás candidatos tuvieron votaciones ínfimas. Gutierrez quien llegó al gobierno como parte de una coalición en la que confluían el Movimiento Popular Democrático (MPD) y Pachakutik y presentándose como una opción al proyecto neoliberal, pronto dio señas de seguir un camino contrario. Las esperanzas  de que abanderada un cambio se desvanecieron rápidamente al darse a conocer los nombramientos de economistas neoliberales en las carteras claves de la economía; cuando se declaró el “mejor amigo de los Estados Unidos” y, más aún cuando se firmo la enésima carta de intención con el FMI (Acosta, 2004: 7).[17] A contrapelo con el primer discurso de campaña, Gutiérrez implementó un “Programa de Ordenamiento Económico y Desarrollo Humano” que contempló el incremento de los precios de los combustibles, la congelación de los salarios en el sector público y reducciones en los gastos del Estado.

La rápida asunción de Gutiérrez de los postulados neoliberales se tradujo en la ruptura con sus aliados políticos representantes de los grupos subalternos (el MPD y el Pachakutik). Hacia finales del 2003, el “cesarismo” de Gutiérrez se tornó claramente regresivo también en la esfera de la política, cuando trabó acuerdos con el PSC y algunos otros miembros de los partidos burgueses. Por su parte, el movimiento indígena respondió con movilizaciones contra Gutiérrez a comienzos del 2004, aunque sin mucho éxito en sus resultados. Paralelamente, fueron saliendo a la luz una serie de escándalos de corrupción en los que se hallaban involucrados altos funcionarios de la administración gutierrista.

Sin embargo, la alianza entre el Coronel y los socialcristianos no habría de durar mucho tiempo. A mediados del 2004, con motivo de los procesos de privatización en marcha, dicha alianza se vino abajo, por la disputa en torno a las licitaciones. Nuevamente, los distintos grupos dominantes eran incapaces de repartirse el botín en relativo orden. Al ser marginados de los beneficios del despojo en marcha, y alentados por sus buenos resultados electorales para el Congreso, los socialcristianos abanderaron un movimiento para la destitución del presidente. A Gutiérrez no le quedó otra opción que buscar nuevos aliados, encontrándoles en los partidos de otros dos miembros de las clases dominantes: en el PRE, de Bucaram; y en el PRIAN, de Álvaro Noboa. Con su ayuda, Gutiérrez logró desmantelar la Corte Suprema de Justicia y moldear discrecionalmente al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo Electoral. Una típica jugada de un gobierno que no hallaba soporte estable en ninguna de las principales clases sociales.

Nuevamente, y al igual que con Bucaram, la dirección del rumbo de la Nación no convencía a ningún sector. Gutiérrez comenzó a sufrir una fuerte ofensiva desde “arriba” y desde “abajo”. En abril del 2005, estos últimos salieron a la calle a protestar y fueron reprimidos por la policía leal a Gutiérrez. No obstante, el apoyo de las fuerzas del orden le fue retirado al Coronel muy pronto. El Congreso asumió el mando de la situación y decidió la destitución y apresamiento de Gutiérrez. Se activó el mecanismo de sucesión constitucional, mediante el vicepresidente Alfredo Palacios fue promovido a la primera magistratura. Con el desenlace de abril, quedaba una vez más en evidencia la enorme dificultad de las clases dominantes para sentar las bases para el establecimiento de la hegemonía. Pero, de igual forma, también la incapacidad de los subalternos para encabezar un nuevo bloque histórico con proyecto propio.

  1. La lucha por un nuevo orden estatal bajo la presidencia de Correa

Como apuntó Rosero en su momento, la victoria de Correa en 2006 no se logra entender si no la enmarcamos como una de las posibles salidas a la prolongada crisis de hegemonía ecuatoriana:

La crisis actual no sólo es de la institucionalidad, del régimen político o resultado de la corrupción. Ese diagnóstico se queda en la superficialidad de los hechos. Esta es la crisis del capitalismo dependiente, del modelo de acumulación y de la estrategia neoliberal (al menos 1,5 millones de exiliados económicos y de la mitad a los 2/3 de la PEA en el desempleo y subempleo lo atestiguan); hay crisis y, por momentos quiebra, en la dominación política (tres derrocamientos y 9 Presidentes desde 1996); a nivel social se ha producido un desastre de proporciones bíblicas (los migrantes y sus familias, la pobreza, los excluidos de la educación formal, las víctimas de enfermedades prevenibles, etc., mientras se recorta el presupuesto social y se cobra en escuelas y hospitales públicos); hay también una crisis ideológico-cultural (hasta antes de los últimos sucesos, la fe en la democracia estaba por los suelos, cundía la desesperanza, incluso hoy nadie cree en la partidocracia, el Congreso está hundido en el desprestigio total); todo lo cual configura una crisis de hegemonía. (Rosero, 2008: 6)

Ese marco de crisis orgánica fue el que permitió el éxito de una plataforma electoral de composición política heterogénea que lanzó una candidatura presidencial de carácter novedoso, pues estaba personificada en un académico ajeno a los círculos políticos tradicionales. La principal bandera de campaña de dicha plataforma fue la realización de una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, como punta de lanza de una Revolución Ciudadana que se proponía superar dos de los que consideraba los pilares del viejo orden: la llamada “partidocracia” (como rémora del Estado oligárquico) y la primacía de las políticas neoliberales. Como apunta el mismo Rosero:

El gobierno de Correa es el resultado de la radicalización de amplios sectores de la población […] Es el resultado de la puesta en movimiento de sectores medios pauperizados por la política económica neoliberal que culminó en el salvataje y la dolarización; de sectores populares arrinconados por el desempleo-subempleo, por la precarización laboral, por el recorte del Estado, por el aperturismo, etc.; de vastos círculos indignados por la corrupción y los amarres de las argollas político-económicas; de las inmensas mayorías de excluidos por estas trincas del ejercicio de sus derechos y de la vida pública, reducida a un “negocio” oligárquico. El gobierno de Correa es el resultado de la lucha social de resistencia al neoliberalismo, del acumulado del movimiento popular convertido en opción electoral institucionalizada para un proyecto democrático-reformista. (2008: 6)[18]

De esta manera, el triunfo de Correa fue producto de la convergencia de la pluralidad de voluntades señaladas por Rosero a las cuales se sumaron las de un grupo de empresarios nacionales que vieron en el éxito de aquel la doble posibilidad de contener una potencial amenaza de grupos de capital competidores y de mejorar sus condiciones de acumulación, ya que la reproducción de sus capitales se encontraba atada al ensanchamiento del mercado interno, como en el caso de la principal cadena de supermercados del país.

Así, la candidatura de Correa articuló las aspiraciones de un amplio bloque policlasista que, por diversos motivos, estaba descontento con la gestión de los gobiernos de los últimos tiempos, incapaces de levantar un proyecto nacional capaz con niveles mínimos de inclusión y de estabilidad social. Así, durante su primer año, el gobierno de Alianza País tomó algunas decisiones en respuesta a un conjunto de demandas de su base electoral:

el fin del convenio de cooperación militar antinarcóticos que permitía a los EE.UU. tener presencia operativa en la Base de Manta; la ratificación de la caducidad del contrato con la petrolera norteamericana OXY; la suspensión de toda negociación relativa a un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la gran potencia del norte; la ilegalización de la tercerización laboral; y el trazado de una estrategia para revertir el peso de la deuda externa en el presupuesto público. (Ramírez, 2010: 179).

Durante los primeros dos años de la gestión de Correa, la convergencia de las luchas de los de abajo con ciertos grupos de las capas medias en torno a un proceso de reformas de carácter modernizador y anti oligárquico del Estado hizo posible la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual elaboró una Carta Política que incorporó muchas de las aspiraciones de aquellos. Dejando de lado los planteamientos programáticos de la coalición que apoyó la candidatura de Correa (Alianza País) y de su traducción en los diferentes Planes del Buen Vivir en donde están esbozadas las líneas generales del proyecto (pluri)nacional, el nuevo gobierno ha emprendido un conjunto de reformas económicas e institucionales encaminadas a redireccionar la orientación que el Estado le imprime al desarrollo general de la sociedad ecuatoriana.

Como fue captado sintéticamente por Ramírez (2010), las principales reformas fueron en los siguientes sentidos: a) creación/fortalecimiento de empresas públicas en sectores estratégicos de la economía (petróleo, minería, servicios públicos); b) regulación del sector  bancario: control sobre tasas de interés, repatriación de sus reservas depositadas en el exterior, dinamizar el aparato productivo a través del crédito y apuntalamiento de la banca pública; c) reducción del peso de la deuda externa en el presupuesto público; d) mejor recaudación fiscal en el marco de una reforma tributaria progresiva; e) una reforma integral del aparato estatal para mejorar su rectoría, regulación y control de la agenda pública; y a incrementar los niveles de presencia estatal en los territorios.

Estos lineamientos tuvieron como uno de uno de sus principales objetivos (además del fortalecimiento de las capacidades del propio Estado como sujeto planificador y gestor de las reformas) lo que podría llamarse el “pago de la deuda social”; es decir, el despliegue de políticas que, de manera prioritaria, tendieran a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, en un claro esfuerzo de sentar bases materiales para la reconstitución de los vínculos entre gobernantes y gobernados en torno a un nuevo pacto social.

Además de la voluntad política en este sentido, condiciones favorables del mercado mundial ayudaron a que el cambio de rumbo fuera viable: esto es particularmente cierto respecto al incremento sostenido de los precios reales del petróleo durante la década del 2000, principal fuente de renta del país. Lo anterior fue aprovechado por el gobierno de la llamada “Revolución Ciudadana” al implementarse un conjunto de reformas jurídicas e institucionales que le han permitido incrementar la cantidad de renta petrolera captada, aún en un contexto de declive de la producción.

Como ya sugerimos antes, estos volúmenes crecientes de renta, que hasta hace poco tiempo estaban destinados principalmente al pago de la deuda pública, se decidieron invertir tanto en la mejoría de las condiciones de vida de la población como en el desarrollo de las llamadas fuerzas productivas generales (medios de comunicación y de transporte, generación de energía eléctrica, etc.) y en la reactivación de la economía (créditos para la producción y el comercio).

Los elementos hasta aquí planteados, sumados al despliegue de otras estrategias gubernamentales encaminadas  a restablecer la confianza de los ciudadanos en el Estado han permitido una estabilidad relativa de la gestión pública como hacía varias décadas no sucedía. Dicha estabilidad ha contado con el apoyo electoral de amplias capas de la sociedad ecuatoriana en varios momentos durante los últimos cinco años.[19]

  1. A modo de cierre: los problemas de la hegemonía de cara al futuro

Además de las amenazas de carácter externo (conspiración de los poderes fácticos para debilitar o derrocar al gobierno),[20] dos tipos de situaciones potencialmente conflictivas podrían conjurar en el futuro la posibilidad de fortalecer un nuevo proyecto de país con pretensiones de hegemonía: a) los limites propios de un patrón de reproducción de capital dependiente fuertemente anclados a la renta de recursos naturales; b) el agotamiento del proceso de transformación social debido a la falta de claridad y/o voluntad política para desarrollar una estrategia de acumulación de fuerzas que permita plantearse una lucha de largo aliento que permita alcanzar los objetivos más ambiciones del proyecto político. Veamos brevemente cada uno de estos campos:

  1. a) Los límites de un patrón de acumulación rentista

Con el estallido de la crisis económica mundial, desde 2009 se abrió una coyuntura que es delicada para el conjunto de los países latinoamericanos, incluido el Ecuador, más allá de su relativamente buen desempeño durante la crisis:

La economía de Ecuador sufrió sólo una recesión leve durante la crisis mundial de 2008-2009, una hazaña notable, dado que Ecuador usa el dólar de Estados Unidos como su moneda. Como resultado, no tiene control sobre su tipo de cambio, y tiene un uso de política monetaria sumamente limitado – afectando a dos de los tres instrumentos más importantes de la política macroeconómica que se pueden utilizar para contrarrestar la caída de la demanda privada. El gobierno luchó contra la recesión de dos formas principales: a través de una política fiscal expansiva – incluyendo la expansión del acceso a la financiación de la vivienda – y a través de la política monetaria limitada que tenía disponible, manteniendo tasas de interés bajas y limitando la cantidad de reservas de los bancos que se permitían salir del país. (Ray y Kozameh, 2012: 2)

Si bien 2010 y 2011 fueron años de relativa recuperación para las economías de la región, como lo reconocen diversos estudios (Munevar, 2011; Powell, 2012), la evolución reciente de la crisis de deuda en Europa así como la inminente desaceleración de la economía China auguran tiempos difíciles para América Latina.

Como sostiene el documento del BID, coordinado por Powell, “si los problemas de Europa se agravan y el crecimiento de China se reduce más severamente de lo esperado, Estados Unidos podría verse arrastrado a una nueva recesión, todo lo cual afectaría  a la Región” (2012: 1). Estos análisis llaman la atención sobre tres posibles canales de transmisión de la crisis mundial hacia América Latina, los cuales se hallan interrelacionados: 1) impactos comerciales, básicamente por  la alta volatilidad del precio de las materias primas que se exportan (principalmente petróleo, cobre y granos), lo que podría traducirse en la reversión de la tendencia favorable reciente en los términos del intercambio y menores volúmenes de renta;[21] 2) impactos por la reducción de los flujos de capital (hoy muy altos en la región), que serían resultado tanto del punto anterior (ya que buena parte de la IED está destinada al sector de las materias primas),  como por una eventual fuga de capitales, alimentada por medidas de los países metropolitanos para enfrentar la crisis, como una súbita baja en la tasa de interés para incentivar el retorno de capitales; 3) la reducción de las remesas provenientes de países de la Unión Europea y de los Estados Unidos.

La combinación de estos factores se podría traducir en un cambio en la evolución reciente de las economías latinoamericanas, pasando del ciclo de auge en donde aún se encuentran, a un ciclo de estancamiento o de crecimiento lento, tal como lo explica Munevar:

un deterioro de la situación internacional puede causar una depreciación de la moneda, justo en el momento en que los ingresos vía exportaciones y los precios de los activos están cayendo. Debido a que el financiamiento externo está denominado en dólares, en términos relativos el costo de éste se incrementa. Ello implica que la carga de los pasivos se incrementa justo en el momento en el cual el deudor es menos capaz de hacer frente al pago, especialmente si el endeudamiento tiene carácter de corto plazo. (2011: 19)

Pero, aún cuando la nueva coyuntura mundial no golpease tan fuerte a nuestra región, subsistiría otro problema de mediano plazo: el agotamiento de algunas de las principales fuentes de la renta como el petróleo. En el caso particular de Ecuador, el remanente de las reservas probadas a comienzos de 2012 era de entre 3 y 4 mil millones de barriles (según se incluyan o no las reservas del ITT). De no descubrirse nuevas reservas y continuar con la tasa promedio diaria de extracción (medio millón de barriles), se calcula un horizonte de agotamiento de la producción petrolera rentable de entre 17 y 20 años, con lo que en menos de una generación estaría agotada la principal fuente de renta del país. Ante tal situación, el gobierno actual ha dado por iniciada una pretendida “era minera”, con todos los riesgos que implica en términos sociales (conflictividad) y ambientales (contaminación) (Cisneros, 2011); eso sin mencionar la dudosa rentabilidad de la explotación minera para el conjunto de la población ecuatoriana (Sacher y Acosta, 2012).

  1. b) Agotamiento del proceso de transformación social

En estas últimas reflexiones seguiremos lo planteado por Ramírez (2010) respecto a cuestiones problemáticas relacionadas con lo que considera “tensiones gubernamentales con la sociedad organizada” las que, a nuestro juicio, también pueden ser interpretadas como limitaciones para lograr la consolidación de un nuevo bloque histórico con capacidades de conducción hegemónica. El referido autor esboza cuatro de esas tensiones: a) la gelatinosa formación de Alianza País; b) la redistribución sin reconocimiento; c) cultura política de la generalidad y las agendas particulares; c) el papel de la mercadotecnia y la demovilización.

Respecto a la primera cuestión, Ramírez indica que la Revolución Ciudadana no cuenta con un sólido núcleo organizativo que, más allá de concentrarse en las labores de gestión estatal inmediatas, sea capaz de conducir las tareas de debate, organización e intermediación con el resto de la sociedad. En lo tocante al segundo punto, el investigador piensa que la redistribución de una parte de la riqueza nacional no ha ido acompañada del reconocimiento por parte del Presidente de las “dinámicas de acción colectiva autónoma”, lo cual “cierra las opciones para el debate público” (2010: 190). Una tercera tensión señalada es aquella que surge por la coexistencia de dos visiones sobre la forma  de participación de los subalternos en el Estado: por un lado, aquella que defiende el presidente que enfatiza que los sujetos de dicha participación son los “ciudadanos” particulares; por otro, la concepción de buena parte de los movimientos populares, quienes entienden su involucramiento en los asuntos públicos de forma gremial: “Al así hacerlo toman distancia del universalismo de la [Revolución Ciudadana] y de su tendencia a colocar en un mismo plano político al ciudadano abstracto y a los actores organizados” (2010: 191). Finalmente, un último aspecto señalado por Ramírez es la excesiva apuesta por construir la legitimidad a partir del uso de la mercadotecnia política a través de los medios masivos de comunicación, en detrimento de la movilización social, lo cual le lleva a concluir que “la autonomía estatal sin la participación de los actores sociales y el protagonismo de un sujeto colectivo, operando como fuerza social organizada de modo abierto y democrático, acarrea riesgos burocratizadores y, sobre todo, no alcanza por sí sola para sostener la disputa por el cambio en el régimen de desarrollo y la defensa del conjunto primordial de demandas sociales que contiene la Constitución” (2010: 191).

Quito, septiembre 2009-mayo 2012.

Miguel A. Ruiz Acosta, colaborador CEPY, docente de las carreras de Sociología y Política en la Universidad Central del Ecuador.

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[3]  “…cuando la reproducción de la vida del todo social descansa sobre el trabajo no de todos sino sólo de algunos, resulta obvio que la producción de las condiciones vitales será desigual. La comunidad política surgida sobre esa base será, en realidad, una comunidad ilusoria. Es ilusoria porque su base será la apropiación por unos, del trabajo (que quiere decir vida) de los demás” (Ávalos, 2001: 271).

[4] Por ejemplo, en su análisis de la Comuna de París de 1871 Marx afirmaba “El poder estatal centralizado, con sus órganos omnipresentes: el ejército permanente, la policía, la burocracia, el clero y la magistratura […] procede de los tiempos de la monarquía absoluta y sirvió a la naciente sociedad burguesa como un arma poderosa en sus luchas contra el feudalismo […] Después de cada revolución, que marca un paso adelante en la lucha de clases, se acusa con rasgos cada vez más destacados el carácter puramente represivo del poder del Estado”. Carlos Marx, “La guerra civil en Francia”, en Carlos Marx y Federico Engels, Obras escogidas, vol. II, Moscú, Editorial Progreso, 1976, pp. 230-231.

[5] Ejemplos de ello han sido en Latinoamérica el Estado mexicano posrevolucionario; o el venezolano durante los 70s y más recientemente bajo el gobierno de Chávez.

[6] “Al estudiar un periodo histórico se revela la gran importancia de esta distinción [entre lo orgánico y lo ocasional o coyuntural]. Tiene lugar una crisis, que en ocasiones se prolonga por decenas de años. Esta duración excepcional significa que en la estructura se han revelado (han llegado a su madurez) contradicciones incurables y que las fuerzas políticas operantes positivamente para la conservación y defensa de la estructura misma se esfuerzan todavía por sanar dentro de ciertos límites y por superarse” (Gramsci, 1999, vol. 5:33).

[7] Este frente estaba conformado por el Partido Conservador, el Partido Patriótico Popular, el Partido Coalición

Institucionalista Democrática, el Partido Velasquista, la Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana,

el Nacional Guevarista y el Partido Social Cristiano.

[8] Como señala Quintero, La CFP “obedece también en una de sus tendencias a los intereses de la fracción industrial de la burguesía que negocia con el capital monopólico internacional un modelo de desarrollo más dinámico, y por lo tanto, con otras fracciones de la burguesía y sus partidos” (Quintero, 2005: 328 y 329).

[9]Reducción del 5% del presupuesto; congelamiento de los salarios de los empleados públicos; elevación del precio de los combustibles y de algunos servicios público; reducción de los subsidios al trigo; creación de nuevos impuestos, etcétera.

[10] Para Cueva, la guerra política sin cuartel de la oligarquía contra Hurtado se debió a tres razones fundamentales: a) la no disposición del presidente a privatizar algunos codiciados sectores de la economía; b) el compromiso de Hurtado para implantar algunas reformas que consideraban atentatorias contra sus intereses (tributaria, administrativa, agraria, educativa y política); c) su proyecto de ampliar las bases de organización y participación de los grupos subalternos, inspirado en los principios de la Democracia Cristiana. (Cueva, 1988: 110-11)

[11] Eliminación del control oficial sobre la comercialización de algunos productos básicos; supresión de subsidios a los combustibles; elevación de las tarifas del transporte público y de la electricidad, etcétera.

[12] Respecto a este último aspecto puede consultarse el libro de León Roldós, El Abuso del poder (1986).

[13] Como señalan Freidenberg y Alcántara, “A pesar de su defensa de los trabajadores por los principios socialdemócratas, la agrupación no cuenta con una vinculación orgánica con sectores organizados de la clase trabajadora al punto de, como señala un entrevistado, no contar ‘…nunca con apoyo orgánico de las organizaciones sindicales del país’” (2001: 168).

[14] Como se recordará, en 1991 Durán Ballén se desafilió del PSC tras luchar por se el candidato presidencial de esa tienda política. Fundó el Partido Unidad Republicana y se alió con el Partido Conservador para las elecciones de 1992.

[15] El PRE es una especie de heredero de la antigua CFP; un partido que representa a una fracción muy identificada de la burguesía costeña, en torno a la familia Bucaram, aunque también agrupó a otros sectores de la población:

“El partido representa a gran parte de los sectores sociales emergentes, a grupos marginados y a los estratos empresariales surgidos fuera de los círculos oligárquicos tradicionales de la Costa. Estos nuevos ricos han presionado para formar parte de esa oligarquía pero el carácter cerrado de ésta, no les permite formar parte de ella” (Freidenberg y Alcántara, 2001: 179)

[16] Con el apoyo del Partido Social Cristiano desde el Congreso y de las principales cámaras empresariales desde los medios.

[17] Carta que comprometía al país a la liberalización de los precios, el manejo ortodoxo de los ingresos fiscales, la introducción de reformas en los terrenos laboral, tributario y arancelario, y el pago de la deuda externa.

[18] El horizonte democrático-reformista del proyecto quedó sintéticamente expresado en la siguiente declaración del presidente Correa ante un Foro latinoamericano de empresarios el 30 de noviembre de 2010 en Guayaquil: “En verdad, somos muy respetuosos de la propiedad privada, está claramente establecida y defendida en nuestra nueva Constitución como las garantías para la inversión nacional y extranjera. Esto es ya casi cuatro años. Hemos dedicado nuestras mejores energías y recursos para reconstruir las instituciones públicas, para resolver dramáticas situaciones de pobreza y abandono de la gran mayoría de la población, para recuperar décadas de atraso en la infraestructura física y tecnológica; para, en suma, concentrar la acción del gobierno en el ser humano y su entorno natural, razón, principio y fin de nuestra revolución” (Correa, 2010: 23).

[19] 1) Victoria de Correa en la segunda vuelta electoral, el 26 de noviembre de 2006, con 56.7% de los votos válidos; 2) aprobación de la Asamblea Constituyente con 81.7% de los votos válidos el 15 de abril de 2007; 3) Mayoría de representantes a la Asamblea (80/130) para Alianza País, el 30 de septiembre de 2007; 4) Triunfo en el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución el 16 de octubre de, con 63.93% de los votos; 5) Victoria de Correa en las elecciones presidenciales del 26 de abril de 2009 con 51.9% de los sufragios; mayoría de asambleístas para AP (47% del total de legisladores; y más de un tercio de los alcaldes (80/221); 6) mayoría de votos en el referéndum y la consulta popular sobre diversos temas realizados en mayo de 2011.

[20] Como el alzamiento policiaco-militar del 30 de septiembre de 2010 y la cercanía de grupos opositores con el gobierno de los Estados Unidos, tal como quedó evidenciado recientemente por los cables de Wikileaks: http://www.eltelegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=38758&Itemid=2

[21] “El país está expuesto a un mercado petrolero cada vez más volátil, con subidas y bajadas bruscas de precios, que pueden generar incertidumbre en el sector, sobre todo considerando que los nuevos contratos petroleros son perjudiciales para el Estado en escenarios de precios bajos, por debajo de 60 dólares. Ello agrega dosis mayores de volatilidad a la política petrolera que por naturaleza es variable, lo cual podría abrir nuevas tensiones con las empresas petroleras privadas a futuro” (Orozco, 2012: 10).

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